Se pretende potenciar la economía asociada a la actividad de los visitantes a los espacios protegidos, promoviendo la participación privada para generar “empleo verde”
© Proyecto Sierra de Baza
Paisaje otoñal del Parque Natural Sierra de Baza.
Conscientes de las potencialidades de los espacios protegidos de Andalucía, para la generación de empleo, en uso y gestión sostenible, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, informaba el pasado 28 de agosto, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, del nuevo modelo de gestión de los equipamientos de uso público que elabora su departamento para fomentar el desarrollo sostenible y el conocido como “empleo verde” en los espacios naturales protegidos andaluces.
La estrategia tendrá presente la economía asociada a la actividad de los visitantes, promoverá la participación privada y reforzará la colaboración entre las instituciones y los agentes sociales que dinamizan estos territorios.
Con esta iniciativa, que dispondrá de una dotación de más de 28 millones de euros en tres años, la Junta pretende generar oportunidades a los emprendedores locales a su disposición, mediante fórmulas de colaboración público-privada y fomento de unas instalaciones de uso público que sirvan de base al desarrollo de actividades empresariales vinculadas a los espacios naturales, compatibles con la conservación, generadoras de empleo y divulgadoras de los valores naturales de estos territorios, tal y como ha explicado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa), ofrece actualmente más de 1.000 equipamientos de uso público que son fundamentales para facilitar el disfrute del medio, apoyar el turismo sostenible e impulsar el conocimiento y la protección del patrimonio.
Entre otras instalaciones, destacan 192 áreas recreativas, once aulas de la naturaleza, 35 carriles cicloturistas, doce jardines botánicos, 199 miradores, 66 observatorios, 403 senderos señalizados, 23 refugios, además de 68 equipamientos de recepción (centros de visitantes, puntos de información y ecomuseos), .
Del total del presupuesto previsto, 20 millones de euros se destinarán a la mejora de la Red de Equipamientos y Señalización de Uso Público y el resto a fomentar la participación empresarial, elaborar protocolos de gestión y diseñar sus herramientas.
Estos loables propósitos de generar actividades que sirvan de base al desarrollo de actividades empresariales vinculadas a los espacios naturales, no será posible en el Parque Natural Sierra de Baza, si no se revisa su antisocial y rigorista normativa urbanística
© Proyecto Sierra de Baza
Antiguo acueducto en piedra seca del Molino de Tablas (Arroyo Morax), en grave riesgo de desaparición a corto plazo, por la situación de abandono en que se encuentra.
Una vez más nos vemos obligados a dejar constancia de nuestro escepticismo por el resultado de estas medidas en el concreto ámbito del Parque Natural Sierra de Baza, un lugar con una normativa urbanística rigorista y obsoleta, que además se viene interpretando por sus responsables públicos de una forma antisocial y fuera de la realidad social del momento, lo que ha propiciado y contribuido a la destrucción irreparable de muchos de sus elementos culturales. Situación que también se traduce en que no puedan llevarse a cabo actuaciones rehabilitadoras ni de conservación, mucho menos destinarlas a su explotación empresarial, para el llamado “turismo verde” que aquí quedará en una entelequia más que en una efectiva realidad, sin el panorama legislativo y restrictivo que se viene aplicando no cambia drásticamente.
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