La Junta de Andalucía quiere publicar una nueva Ley de Montes de Andalucía
Ha sacado a información público el anteproyecto
© Proyecto Sierra de Baza
Paisaje forestal del Parque Natural Sierra de Baza.
La preocupación de los poderes públicos por el estado de los recursos naturales y su conservación cuenta con numerosos antecedentes históricos en España, entre los que destacan algunos fueros, códigos y ordenanzas entre los siglos VII al XV.
Fue en 1833, con la promulgación de las Ordenanzas Generales de Montes, cuando se inicie una incipiente Política Forestal de carácter público, que tendrá su continuación con la aprobación de sendas Leyes de Montes estatales en 1863, 1957 y, en vigor actualmente, 2003.
Andalucía, con el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, ya marcó un hito europeo aprobando el Plan Forestal Andaluz en 1989, primero, y la Ley Forestal de 1992, después, normativa que fue desarrollada y completada con la publicación en el año 1997 del Reglamento Forestal de Andalucía, lo que regulaba la materia forestal de Andalucía, con una normativa propia
Transcurridos más de 30 años de la vigencia de la actual normativa forestal, muchos son los cambios que han operado en la sociedad andaluza y, en consecuencia, en sus montes. Siendo necesaria la revisión de la planificación medioambiental, procede la puesta al día de la legislación con la redacción de una renovada Ley de Montes de Andalucía, que debe atender no solo a los clásicos principios de eficacia y eficiencia, sino además al más actual de simplificación administrativa, incorporando los avances de las ciencias y las técnicas forestales a esta nueva visión estratégica del sector, en aras del desarrollo socioeconómico rural y la conservación de nuestros montes, al tiempo que se actualice la estrategia forestal del gobierno de Andalucía, complementando y desarrollando a lo largo de los próximos años la Ordenación de los Montes, con las miras puestas en el Plan Forestal Andaluz al horizonte 2030.
Adaptar las masas forestales al incipiente cambio climático, favoreciendo una silvicultura de adaptación ante el cambio climático, haciendo las masa forestales más resilientes, al tiempo que se favorezcan los usos sostenible de los montes, favoreciendo así el desarrollo económico de las economías locales, son otros de los objetivos que se desean alcanzar con este nuevo instrumento normativo, que se espera vea la luz a lo largo de la actual legislatura.
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